El gobierno del presidente Javier Milei le asignó al capítulo laboral un apartado especial, porque considera que es a partir del crecimiento de la nómina de personal asalariado impulsado por nuevas inversiones, tanto de empresas radicadas en el país, como también provenientes del resto del mundo y el incentivo al desarrollo del emprendedurismo basado en el conocimiento e iniciativa privada, sin más incentivo que la garantía de libertad sin tutela de un Estado que ha mostrado ser altamente ineficiente, la economía podrá retomar el sendero de la expansión sostenida y clara mejora de la generación y distribución del ingreso.
Titulado “Bases para la reconstrucción de la Economía argentina”, el DNU 70 entre varias reformas que fueron explicitadas en los 366 artículos del documento de 83 páginas que fue presentado por el Presidente y su gabinete de ministros en cadena nacional el 20 de diciembre, destaca que desde 2011 “El empleo formal en el sector privado se mantiene estancado en 6 millones de puestos de trabajo desde esa fecha, lo que ha provocado la anómala e inaceptable situación de que el empleo informal supere al formal en un 33 por ciento”.
De ahí que dispone las derogaciones y modificaciones de leyes laborales que duplican las indemnizaciones en caso de una relación laboral no registrada o efectuada de manera deficiente; extiende el período de prueba cuidando que no se caiga en prácticas abusivas; permite la contratación de personas para servicios sin que impliquen relación de dependencia; la celebración de acuerdos entre privados, entre otras.
Más de un tercio de los trabajadores integran el núcleo duro del empleo en negro, muchos inducidos por la maraña de regulaciones y costos desproporcionados
De esa forma, el Gobierno nacional no sólo busca revertir el retroceso relativo de la población asalariada formal sobre el total, esto es la que se desempeña bajo el amparo de la legislación laboral y previsional, sino también que se generen las condiciones para incorporar a ese segmento a más de un tercio de los trabajadores que integran el núcleo duro del empleo en negro, muchos inducidos por la maraña de regulaciones y costos desproporcionados que se fueron acumulando y deformando en los últimos 50 años.
Según los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec en 31 grandes aglomerados urbanos del país, correspondiente al tercer trimestre de 2023, un 34% de la ocupación principal de la población asalariada no estaba registrada por su empleador.
Esa proporción se elevaba a 87% (casi 9 de cada 10 trabajadores) en la franja del 10% del total que generaba muy bajos recursos; 70% en el decil siguiente; 59% en el tercero y 41% en el cuarto -todos muy por arriba del promedio general-, en contraste con 8% en el extremo de mayor remuneración, como son los del noveno y décimo decil de la población; 11% en el octavo; 13% en el séptimo y 16% en el sexto -todos muy por debajo de la media-.
Semejante brecha entre las franjas de la informalidad laboral explica que en términos del ingreso total generado por el conjunto de los trabajadores en relación de dependencia la parte correspondiente al obtenido en la informalidad, esto es sin descuento jubilatorio que es el parámetro que toma el organismo oficial de estadística, se limite a poco más de 20 por ciento.
Esas proporciones no han variado significativamente desde el inicio de la corta serie del Indec con esa apertura de ingresos, menos de siete años.
Excluyendo el año de la pandemia de Covid-19 donde bajó notablemente el índice de economía informal sobre la diminuta población relevada por el Indec, la estadística revela una proporción consolidada de empleo en negro en relación de dependencia entre 32% 34% del total, hasta comienzos de 2022. A partir de ahí se advierte un salto hasta un pico de 36,3% en el segundo trimestre de ese año, que coincide con el fin de la gestión de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía.
A partir de ahí, en particular con la llegada de Sergio Massa al Palacio de Hacienda, en julio, la serie acusa un corto retroceso, pero vuelve a subir el año y siguiente. Y si bien en el tercer cuarto el Indec informa una fuerte baja a 34%, que no parece corresponderse ni con la estacionalidad del indicador, ni mucho menos con el enfriamiento de la actividad agregada en general.
Hay dos fenómenos que se han convertido en restricciones estructurales para salir de la pobreza: la alta densidad demográfica de los hogares de menores ingresos y el muy bajo clima educativo
Por el contrario, en términos del ingreso total, la marginalidad laboral se movió en un sendero de 18% a 16% en el período del primer ministro de Economía de la presidencia de Alberto Fernández, pero vuelve a cobrar mayor representatividad a la salida de la pandemia, e incluso el último dato del Indec lo ubicó entre el máximo de la serie que había detectado en el segundo y tercer trimestre del año previo.
Junto a esa mochila que carga la economía argentina, porque en general se trata de puestos extremadamente precarizados, y por tanto de muy baja productividad que impide acceder a mejores ingresos, se agregan dos fenómenos que se han convertido en restricciones estructurales para salir de la pobreza: la alta densidad demográfica de esos hogares y el muy bajo clima educativo de sus integrantes.
Ese cuadro ha llevado a que frente a un promedio general al cierre del tercer trimestre de 2023 de 100 asalariados ocupados en los hogares se detectaran 119 no ocupados, en el extremo del 10% con menores ingresos esa relación subiera a 254, y a 198 en la siguiente, y explicara el núcleo duro de población indigente de 10% de la población que no cuenta con los ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de alimentación.
Ese fenómeno se manifiesta también en que mientras en la media general hay 58 no perceptores de ingreso por cada 100, en el segmento de menores recursos esa relación se invierte a 148 por cada 100, desciende a 98 en el segundo decil y 77 en el tercero.
De ahí que los desafíos en el frente laboral no sólo se limitan a la generación de empleos y reducir la informalidad, sino también a mejorar las condiciones de vida impostergables para más de un tercio de los habitantes, así como de recuperar el terreno perdido por gran parte de los trabajadores que no pudieron completar los estudios básicos, y ser instruidos para poder acompañar productivamente la modernidad y elevar sus ingresos.
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