La reforma aprobada en la madrugada en la Ley de Alquileres sancionada en junio de 2020 en el Congreso Nacional ha suscitado tensiones en el mercado inmobiliario. Las cámaras sectoriales expresaron su descontento con los cambios, alegando que podrían agravar la escasez de oferta y los aumentos de precios. Mientras que la reforma apunta a regular el alquiler a través del coeficiente Casa Propia, las reacciones en el sector subrayan la necesidad de un diálogo más amplio para encontrar soluciones efectivas en el acceso a la vivienda.
El descontento entre las entidades que representan a los profesionales matriculados reside en que entienden que el método de ajuste aprobado en la Cámara baja (tal como vino del Senado, impulsado por el oficialismo) que elimina el Índice de Contratos de Locación (ICL) perjudica más a los propietarios y así habrá menos inmuebles en alquiler tradicional y en pesos.
Desde el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci), señalaron a Infobae su preocupación, afirmando que: “Los corredores inmobiliarios en todo el país hemos sido testigos de la irresponsabilidad de nuestros legisladores, cuyo dictamen de mayoría en el Senado, al ser aprobado en la Cámara de Diputados, no hace más que agravar la ya caótica situación de los inquilinos en todo el país, pero parece que esto no preocupa”.
“Mantener contratos de tres años de duración, junto con esta nueva normativa, se prevé que aumentará la retirada de unidades del mercado y elevará los precios, perjudicando aún más a los inquilinos”, advirtió el Colegio Profesional Inmobiliario
En un comunicado destacan la gravedad de la situación: “Estudiantes que no pueden comenzar sus estudios debido a la falta de vivienda en las ciudades universitarias, jóvenes que se ven impedidos de comenzar una nueva etapa en sus vidas, y familias enteras sin un lugar al cual mudarse. Mientras la política argentina busca culpables, la única responsable de esta situación es la Ley 27.551, votada por unanimidad por el Congreso de la Nación el 11 de junio de 2020, sumada a una inflación descontrolada, la segunda más alta en el mundo”.
En el sector se afirma que algunos legisladores quieren hacerles creer a los argentinos que los responsables de proporcionar una vivienda digna son los propietarios y “no se hacen responsables del desastre que causaron con la sanción de la Ley 27.551″.
“Hoy la vacancia de viviendas en alquiler en Argentina es técnicamente del 0%. Si esto sigue así los argentinos nos tendremos que olvidar por varios años de poder acceder a una vivienda en alquiler”, amplía el despacho.
El proyecto aprobado estipula que en los contratos se ajusten en forma semestral en lugar de anual, que los contratos sean en moneda nacional, prohíbe publicaciones en dólares y prevé incentivos impositivos para propietarios que alquilen sus viviendas
Desde Cofeci, como desde otras entidades, insisten que el único camino para salir de la actual situación, es volver a traer reglas de juego claras, razonables y equitativas para ambas partes, tanto para locadores como para locatarios. “Como ya lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, esto se logra volviendo a los 24 meses de plazo mínimo legal, con actualizaciones según las partes acuerden voluntariamente y con incentivos fiscales para alentar la inversión y la construcción de nuevas viviendas que sean volcadas al mercado locativo para aumentar la oferta que hoy es inexistente”, informaron.
Pedido a los presidenciables
El Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), que representa a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido un comunicado enérgico en rechazo a la reforma.
En particular, apuntan a la actualización de contratos a través del Índice “Casa Propia” y plantean que agravará la crisis en el mercado locativo, que ya es considerada la peor en su historia. Con menos de 450 departamentos disponibles para alquilar en CABA y una escasa oferta de unidades de tres ambientes, el CPI porteño considera que la aplicación de este índice, que tiende a ubicarse por debajo de la inflación, es inviable en el actual contexto económico.
“Mantener contratos de tres años de duración, junto con esta nueva normativa, se prevé que aumentará la retirada de unidades del mercado y elevará los precios, perjudicando aún más a los inquilinos. Dado que los principales candidatos a la Presidencia han manifestado su oposición a la excesiva regulación en el mercado inmobiliario, el CPI porteño hace un llamamiento a que expresen públicamente su compromiso de derogar esta nueva Ley como una de las primeras medidas de sus mandatos”, explicó el CPI. Este enfoque, argumentan, es necesario para evitar los daños que podría causar la norma y para abordar la profunda crisis en el mercado de alquileres y sus impactos en las familias argentinas.
Incertidumbre
En las cámaras inmobiliarias destacan que los cambios sancionados esta madrugada no afectan a los contratos ya firmados ni a quienes acuerden nuevos alquileres hasta que la nueva legislación sea promulgada por el Poder Ejecutivo nacional.
Alejandro Bennazar, ex presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina y actual presidente global del Instituto de Negocios, Innovación y Tecnología Inmobiliaria (Rebiti), señaló a Infobae: “No sabemos qué ocurrirá con el futuro Gobierno nacional; es probable que deroguen la ley y promulguen una nueva. Todo está por verse. Además, existen candidatos, como Javier Milei que, de resultar electos, eliminarían ministerios, incluido el de Desarrollo Territorial y Hábitat, que regula Casa Propia. En ese caso, ¿qué sucedería?”
Según Reporte Inmobiliario, en los últimos dos años, la oferta de alquiler en la CABA ha disminuido un 63%, si se compara con el período anterior a la ley, la situación es aún más preocupante, ya que hasta febrero de 2020 había entre 7.500 y 9.000 propiedades disponibles para alquiler residencial en pesos. En la actualidad, en barrios como Agronomía, Villa Santa Rita, Lugano, Villa Riachuelo, Nueva Pompeya, Parque Chas y Villa Real, prácticamente no hay departamentos de dos ambientes disponibles para alquilar.
“Los cambios aprobados por el Congreso nacional demuestran claramente que nuestros legisladores viven en un universo paralelo que no les permiten ver la realidad de la gente común que solo pide que los dejen ponerse de acuerdo, los propietarios tienen los inmuebles vacíos pagando gastos de mantenimiento y expensas y lo inquilinos no tienen donde vivir”, concluyó a Infobae el arquitecto y experto de Real Estate Oscar Puebla.
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