Algún autor escribirá la fantástica historia novelada de la Argentina. Cuando llegue el turno de explicar que es lo que pasó estos últimos 4 años tendrá que hacer uso del grotesco criollo o el realismo mágico para explicar como un ministro de economía además candidato a presidente, con serias chances de ser electo, fue capaz de generar un desastre económico sin guerras.
Argentina no solo enfrenta la peor crisis inflacionaria desde 1991, sino que la economía lleva más de una década sin lograr un crecimiento sostenido. Los ingresos de los hogares disminuyen constantemente, y los indicadores sociales generan creciente preocupación. Todo esto apunta a un modelo económico agotado, insostenible en el tiempo, y perjudicial para el sector privado en su totalidad.
El fenómeno inflacionario es exclusivamente local, como lo demuestran nuestros vecinos: en Brasil, los precios aumentaron un modesto 0,2% el último mes; en Chile, un 0,4%; en Uruguay, un 0,6%; y, al mirar hacia Venezuela, la inflación mensual fue del 6,7%. En resumen, a pesar de la desaceleración forzada en el último mes, la inflación en Argentina es un escándalo (8,3% en octubre).
¿Pero qué propone este el ministro que lo hace irresistible a buena parte del electorado?
Principalmente, el aumento desmedido del tamaño del Estado, ignorando sistemáticamente su restricción presupuestaria. Al no poder pedir préstamos debido a la mala reputación y falta de credibilidad internacional, recurre al aumento de impuestos y a la emisión de moneda.
Argentina no solo enfrenta la peor crisis inflacionaria desde 1991, sino que la economía lleva más de una década sin lograr un crecimiento sostenido
Otro milagro alquimista del candidato consiste en emitir papel moneda que no aumenta la riqueza. Sin embargo, con la inflación resultante, el sector privado cede su poder adquisitivo al sector público, que lo gasta de manera discrecional. Es decir, el ilusionista sostiene y convence que un estado presente beneficia a toda la población, pero la realidad es que perjudica especialmente al sector más vulnerable de la sociedad, incapaz de protegerse de la inflación. En los últimos 12 meses, los salarios del sector privado no registrado perdieron un 18,5% frente a la inflación, mientras que los del sector privado registrado sufrieron una caída del 0,7% en términos reales. Mientras que, si se compara con los datos al inicio de la pandemia, las pérdidas fueron de 32,2% y 7,6%, respectivamente.
A su vez promete proteger a la industria nacional y mágicamente lo rodean los aplausos ante la magnitud de su justicia. Sin embargo, para que una industria prospere y mejore el bienestar social, debe aumentar su productividad mediante la inversión y eliminando las distorsiones del mercado, no mediante impuestos y congelamientos de precios. El proteccionismo en Argentina ha llevado a sectores amigos a no tener competencia externa, generando no solo una menor variedad de productos, sino también precios más elevados, como en el caso de la indumentaria, cuyos precios superan en un 36% al índice de precios al consumidor durante el gobierno de Alberto Fernández.
Además, cerrar el comercio y expropiar parte de la riqueza de los productores argentinos a través de derechos de exportación impide la generación de un círculo virtuoso de crecimiento, inversión y entrada de dólares. Esto va en contra no solo del sector privado, sino también de los intereses del propio gobierno, que argumenta que el aumento de precios se debe a la falta de dólares, lo cual es completamente incorrecto, como se evidenció en el 2022, cuando las exportaciones alcanzaron niveles récord, pero la inflación se duplicó.
En los últimos 12 meses, los salarios del sector privado no registrado perdieron un 18,5% frente a la inflación
Pero está claro que no todo fue fácil para nuestro protagonista. La economía ha experimentado innegables repercusiones debido a la sequía, no obstante, la raíz del descontrol inflacionario se halla en el Banco Central. La emisión monetaria registraba un aumento interanual del 44% en promedio durante los primeros meses del año hasta agosto. Sin embargo, en septiembre escaló al 56%, en octubre alcanzó el 71%, y en el transcurso de noviembre ha llegado al 74%. Para dimensionar la magnitud, estamos alcanzando el pico máximo de emisión observado durante la pandemia. Es crucial señalar que el Estado no dispone de justificaciones comparables a las que respaldaron las acciones en el año 2020.
Otro indicador que evoca el crítico período pandémico es la tasa de pobreza. Según el Indec, durante el primer semestre del año, el 40,1% de la población argentina se encontraba bajo la línea de pobreza. No obstante, según el “nowcast” de pobreza elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, la tasa actualmente se sitúa en un 42,9%, superando el 42% registrado en el segundo semestre de 2020. Cabe destacar que para evitar ser catalogada como pobre, una persona necesita contar con ingresos superiores a $103.373, según datos hasta septiembre del Indec.
La solución está en el sentido común. Así como es absurdo negar la ley de la gravedad, resulta igualmente irrefutable que en la vida cotidiana nadie puede evadir sus efectos. De manera análoga, un hogar no puede sostener indefinidamente un nivel de gasto superior a sus ingresos, ya que en algún punto deberá saldar sus deudas, implicando una reducción en su consumo. La persistencia del actual modelo económico parece imponer que los ajustes recaigan continuamente sobre el sector privado, cuyos salarios se encuentran en niveles lamentablemente bajos, mientras el Estado mantiene un tamaño desmesurado e ineficiente.
La responsabilidad de los argentinos radica en evitar que persistamos en un sistema que nos arrastra hacia la pobreza y genera un caldo de cultivo propicio para la corrupción. La vía para canalizar esta responsabilidad se encuentra en el rechazo de dicha propuesta en las urnas. La participación activa en el proceso electoral se erige como el medio por excelencia para influir en el rumbo económico y social del país, instando a una reconsideración de políticas que amenazan con sumir a la nación en una situación cada vez más precaria.
El autor es economista de la Fundación Libertad y Progreso
Hacer Comentario